El megacentro comercial Oasiz Madrid ha abierto sus puertas recientemente. El activo ubicado en Torrejón de Ardoz pretende revolucionar el retail y convertirse en el mayor centro de ocio, relax, compras y gastronómico al aire libre de España. El complejo promovido por la francesa Compañía de Phalsbourg tendrá un beach club, un espacio coworking, un escenario para representaciones artísticas y un gran lago donde tendrá lugar diariamente un gran espectáculo de agua, luces y fuego.

Este espacio de ocio y desconexión también lo será de deportes de aventuras e incluso de negocios, con amplias zonas verdes con casi 100.000 árboles y arbustos. En definitiva, una experiencia 360°.

«Nos sentimos muy felices de inaugurar este proyecto tan especial para nosotros, en el que hemos puesto tanta pasión y esfuerzo. Oasiz Madrid es un lugar único donde vivir una experiencia con los cinco sentidos en un entorno incomparable”, afirma Raphael Martin, presidente de Compañía de Phalsburg. “En Oasiz están reflejados los cuatro pilares de Compañía de Phalsbourg: bienestar de los clientes, arquitectura excepcional, digitalización, sostenibilidad. Estamos seguros de que se va a convertir en un referente en la Comunidad de Madrid», añade. 

Más de 250.000 m2 construidos

Con 4.000 plazas de parking y 117 locales, Oasiz Madrid está concebido en torno a dos lagos con un total de 10.000 m2, rodeados de palmeras y cascadas y con un embarcadero. Los amantes del agua y el mar podrán disfrutar además de una jornada inolvidable en su playa con beach clubde más de 3000 m2, que incluye piscina y jacuzzi.

Alrededor del gran lago central se encuentra la amplia oferta de restauración con 30 restaurantes y un mercado gastronómico donde poder degustar exquisitas y muy diferentes propuestas.

Las posibilidades de ocio del resort de Compañía de Phalsbourg están pensadas también para los amantes de la aventura, con numerosas actividades como karts eléctricos indoor, tirolina, túnel de viento, escalada, pista de patinaje, barcos, así como un gimnasio donde, además de hacer deporte, se podrá disfrutar de unas vistas increíbles.

El centro comercial también cuenta con un espacio para disfrutar en familia, se trata de un área infantil de más de 1.000 m2, así como con una bolera y 11 salas de cine de última generación, que opera Cinesa. 

La cultura tendrá un protagonismo especial en Oasiz Madrid, con una programación continua durante todo el año que incluirá actuaciones y conciertos en su escenario al aire libre con pantalla gigante, exposiciones artísticas, etc. 

Con respecto a la oferta de retail, cabe destacar que entre las firmas presentes en el centro comercial se encuentran: Adidas, Primor, Lidl, Cinesa, Muy Mucho, Fnac, Speed Park, Fitness Park, Kiwoko, Milbby, Mango, Etam, Woman Secret’s, Mr. Wonderful, Springfield, Gemo, Aromas, Soloptical, Mi Optico, Miniso, Okaidi, Sundara, Carlos Conde, 4.500 m2 de deporte, K-Tuin, Time Road, Home & Cook, Pimkie, Juguettos, Centro Unico, Street, Sakito Home, Sakito Moda, Old School Nutrition, VR Airsoft, Natuzzi, Sucré & Salé Creperie, Llao Llao, Belros, Bajo Cero, Brasa y Leña, 100 Montaditos, Más que Menos, Amazonia, Tony Roma’s, Wanderlust, Amazonia Chic, Sushiko, Chicken Pasta, Casa Carmen, Malvon, Carl’s Jr., El Mercado de El Edén Hawaiano, Txacoli & Grill, TGB, KFC. Además también habrá una farmacia, una administración de Lotería y una churrería.

El ‘coworking’

Oasiz Madrid no sólo pretende ser un referente en clave de ocio, sino también en un espacio pionero para mezclar diferentes usos. En este escenario aparece su innovador coworking de 2.500 m2. El ‘coworking’ es un nuevo concepto flexible y con carácter internacional que va a redefinir la forma de trabajar.

En este coworking, el trabajo y la vida conectan en todos sus puntos. Por ello, una vez finalizada la jornada laboral, se podrá desconectar, disfrutar y relajarse en el mismo sitio sin necesidad de desplazarse.

El espacio de coworking será único y pionero en España, no solo por sus servicios y por ofrecer la tecnología más innovadora, sino porque será un punto de encuentro abierto a todo tipo de profesionales y empresas nacionales e internacionales.

Asimismo, contará con unespacio detrabajo exterior y con una zona MICE dedicada exclusivamente al desarrollo de eventos para empresas.

 Adaptado y preparado para la nueva forma de trabajar que se ha implantado, este nuevo workspace está diseñado para que su impacto en el medio ambiente sea mínimo, empleando, entre otras cosas, fuentes de energías renovables y elementos sostenibles.

Diseño de la mano de Gianni Ranaulo

Oasiz es pionero desde el punto de vista arquitectónico. Realizado por el prestigioso arquitecto y diseñador italiano Gianni Ranaulo, el centro se convertirá en la materialización y evolución de los conceptos arquitectónicos y funcionales sobre los que Gianni viene reflexionando y construyendo hace 12 años, con el objetivo de hacer disfrutar de una experiencia inolvidable.

Para Gianni, el desafío en el diseño de estos espacios pasa actualmente por evitar la proliferación de elementos arquitectónicos casi siempre desarticulados entre sí y ubicados en un contexto urbano desorganizado como son las periferias en conjuntos coherentes y unidos. “En este sentido, hemos apostado por elementos arquitectónicos con un carácter icónico o de ‘landmark‘, que permiten la creación de una referencia en un lugar sin ellas y acentúa la unidad y calidad arquitectónica del conjunto”, explica el arquitecto.

“La unidad del conjunto se logra gracias a una superficie blanca que, con diferentes espesores y geometrías, conecta todos los elementos, construyendo una malla diseñada como un diagrama voranoid, que es el elemento formalmente más fuerte, dotando el centro de una identidad propia adquiriendo un carácter icónico”, señala Ranaulo.

Asimismo, el paisajismo es otro elemento fundamental en este concepto “lifestyle”, formando una cohesión entre el espacio construido, la naturaleza y el individuo.  El proyecto cuenta con más de 50.000 especies vegetales y los mencionados lagos como elementos de cohesión espacial e integración arquitectónica total. Ranaulo ha insistido en que “este espacio es un lugar de destino”.

Una construcción sostenible

La sostenibilidad, uno de los valores fundamentales que definen a Compañía de Phalsbourg, cobra especial protagonismo en Oasiz Madrid, para lo que el arquitecto Gianni Ranaulo, ha tenido en cuenta numerosos elementos.

• Una espectacular cubierta blanca de 18.800 m2 de Krion k-life, un material tecnológicamente avanzado y con características exclusivas, que permite respirar aire purificado gracias a su función fotocatalítica, y que aprovechan mejor la energía y el calor del sol.
• Más de 8.000 m2 de paneles fotovoltaicos en las azoteas de los diferentes edificios para consumir energía de una forma más sostenible.
• Más de 5.000 m2 de tejados verdes con vegetación que disminuye nuestra huella de carbono.
• Reutilización y purificación del agua para mantener el lago central siempre en perfecto estado sin aumentar el consumo de agua.
• Sistema de climatización con agua de condensación del lago.
• Sistema de ventilación natural de los parkings.

Fuente: Idealista

Un estudio de ASVAL y SIMA revelan que son los principales quebraderos de cabeza para al menos cuatro de cada cinco particulares

El impago de la renta, tener que iniciar un proceso de desahucio y la okupación son las principales preocupaciones de los pequeños propietarios, según un informe elaborado por la Asociación de Propietarios de viviendas en Alquiler y el Salón Inmobiliario de Madrid, ante la llegada de la edición de SIMA otoño, que se celebrará del 26 al 28 de noviembre.

Según el documento, cuyas conclusiones se extraen de una encuesta, el 85% de los pequeños propietarios de vivienda temen tener que iniciar un proceso de desahucio de los inquilinos del inmueble. Con un 84% de respuestas, otra de las grandes preocupaciones del particular que alquila inmuebles es que el inquilino deje de pagar la renta. Y es que para un 40% de los encuestados esos ingresos son fundamentales para atender las necesidades personales y familiares.

Los propietarios también temen el riesgo de ocupación de las viviendas que tienen en alquiler (80%) y, en menor medida, que ocurran daños en la vivienda, prórrogas forzosas del contrato o que se introduzcan límites a las rentas.

Ante estas situaciones, el 85% considera que el mercado del alquiler tendría más estabilidad si se garantiza que, ante una ocupación ilegal o un impago, el propietario recuperará el control de su vivienda en el menor tiempo posible.

Preguntados por otras medidas para incentivar el mercado del alquiler, el 47% considera positivo contar con avales del Estado para hacer frente a las contingencias provocadas por los inquilinos, mientras que el 24% apuesta por pagar menos impuestos por las rentas del alquiler.

El 97% de los propietarios asegura en esta encuesta que la agilización de los procesos de desahucio ayudaría a incrementar la inversión en alquiler. También se sentirían más seguros si existiera una mayor protección legal ante impagos, retrasos o desperfectos, como apunta el 86% de los encuestados.

Además, el 80% se manifiesta en contra de los controles de precios al alquiler para seguir impulsando la oferta en este sector. Para ello, el 65% defiende un incremento del parque de vivienda pública en alquiler como el de precio libre.

Los propietarios encuestados también muestran predisposición para rehabilitar o modernizar las viviendas, y el 48% califica como «bastante o muy importantes» la existencia de subvenciones para poder hacer esas mejoras en los inmuebles. A eso se suma un 39% que pide deducciones fiscales por la rehabilitación de los pisos en alquiler.

El estudio de Asval y SIMA confirma que, en la actualidad, los demandantes de vivienda se decantan por la compra antes que por el alquiler. Esto responde a razones económicas, gracias a la facilidad para acceder a una hipoteca y a que las cuotas de la hipoteca resultan similares a las del alquiler. Además, muchos ya han conseguido los ahorros suficientes para la entrada de una vivienda.

Aunque más de la mitad de los demandantes de vivienda encuestados se decanta por la compra, el otro restante se plantearía el alquiler si el importe mensual del alquiler fuera menor que el de la cuota hipotecaría (28%) o si la vivienda en alquiler estuviera en una mejor ubicación, en mejor estado y tuviera mejores calidades.

A partir del próximo 1 de enero la forma de calcular la base imponible del ITP, del impuesto de Patrimonio y Sucesiones estará vinculada al valor de referencia del Catastro

A partir del próximo 1 de enero, la forma de calcular la base imponible de los impuestos sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones (ISD) y Transmisiones Patrimoniales (ITP) estará vinculada al valor de referencia del Catastro, diferente al valor catastral, y provendrá del resultado del análisis de los precios de todas las compraventas de inmuebles que se realizan ante notario. Los abogados esperan un más que probable aumento de impuestos que recaudarán las diferentes comunidades autónomas.

El 1 enero de 2022 la base imponible de estos tres impuestos ya no será el valor real de los inmuebles, sino su valor de mercado. Y la normativa presume que éste es el valor de referencia aprobado por la Dirección General del Catastro. Por ello, será el contribuyente el que tenga que demostrar que dicho valor de referencia no se corresponde con el que realmente tiene el inmueble. Se invierte, por tanto, la carga de la prueba, y se imputa al contribuyente, recalca José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico.

Desde el despacho Sanahuja Miranda prevén que la recaudación de impuestos de las comunidades autónomas aumente el próximo año, en la medida en que hasta ahora venía aceptándose, sin ser objeto prioritario de inspección, un valor teórico basado en multiplicar el valor catastral por un coeficiente, cuyo resultado solía ser significativamente inferior al valor real de mercado.

“Supondrá un incremento de impuestos que recaerá en las arcas de las comunidades autónomas, en la medida en que el valor de referencia se asimilará, aunque se aplique un factor de minoración del 0,90, a un valor de mercado real y, en cambio, con anterioridad era habitual que un número significativo de transacciones de inmuebles de segunda mano se tributaran por el valor catastral multiplicado por el coeficiente, siendo este resultado habitualmente inferior al valor real de mercado del mismo”, explica Xavier López Villaécija, director del Área Fiscal del despacho Sanahuja Miranda Abogados.

“El valor de referencia se calculará todos los años haciendo una media del precio de los inmuebles por zonas de un mismo municipio, siendo, por tanto, similar a lo que sería el valor de mercado del inmueble objeto de transmisión”, añade el experto. 

Un nuevo factor de minorización para rebajar los impuestos 

Para evitar posibles desajustes o impuestos demasiado altos, el Gobierno ha anunciado que, una vez sean efectivos estos cambios, se establecerá un factor de minorización del 0,9 para ajustar las valoraciones de la forma más real posible.  

Con este ajuste de la base imponible, que afectará tanto a inmuebles rústicos como a inmuebles urbanos, se podrá rebajar hasta un 10% el pago del impuesto, para intentar corregir así las diferencias de precios que marquen los datos del Catastro.  

“Indudablemente ayudará a indexar el coste fiscal a un valor de mercado más real”, asegura el experto en relación con el factor de minorización del 0,9, “Dado que, entre otras consideraciones, las transmisiones de inmuebles usados suelen cerrarse por un precio inferior al teórico de mercado”.

Quien compre vivienda usada este año se librará del cambio fiscal

El contribuyente que compre una vivienda usada antes de que termine el año se librará de la subida impositiva al pagar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), el tributo que grava la compra de casa de segunda mano. En 2022 no pagará impuestos por lo que le ha costado la casa, sino por su valor de mercado: el valor de referencia aprobado por la Dirección General del Catastro.

Este valor de mercado será calculado a partir de precios de transacciones de inmuebles, según información facilitada por Notarios y Registradores, con lo que, según recuerda José María Salcedo, no habrá necesidad de visitar el inmueble y, por tanto, no habrá necesidad de saber el estado de conservación, materiales empleados, si está reformado o no, etc.

Es decir, la Hacienda autonómica ya no va a hacer visita ni una comprobación in situ del inmueble vendido, heredado o donado para saber si el contribuyente ha tributado por el valor correcto, sino que la base imponible será dicho valor de referencia aprobado por Catastro. Castilla La Mancha desde 2015 ya utiliza este nuevo valor de referencia.

Fuente: Idealista

El impacto de la inflación en el mercado inmobiliario europeo continuará durante los próximos cuatro años, según el último informe de S&P Global Ratings. El precio de la vivienda está aumentando este año a su mayor nivel en Europa desde 2006, hasta un 6,9% interanual en segundo trimestre de 2021. En España, sin embargo, el crecimiento de los precios ha sido uno de los más bajos desde 2013, aunque ya se prevé una subida del 4,3% en las previsiones de cierre de 2021.

La pandemia del coronavirus ha llevado a la demanda de viviendas y a sus precios a crecimientos que no veían desde la época de la burbuja inmobiliaria. Pese a las grandes diferencias respecto a hace más de una década, como que ahora los hogares cuentan con una gran cantidad de ahorros, los bajos tipos de interés de los préstamos o una escasez en la oferta de casas, los precios de la vivienda en los mercados europeos están aumentando este año a su ritmo más rápido desde hace 15 años.

Desde S&P estiman que durante el periodo de seis trimestres que va desde el inicio de 2020 hasta mediados de 2021, los hogares europeos han acumulado un ahorro cercano al 6% del PIB en la eurozona de 2019 y de hasta un 9,4% en Reino Unido. Esto equivaldría a alrededor del 1,7% del valor de mercado del parque inmobiliario en la eurozona y del 4% en el Reino Unido

Los mercados residenciales europeos se han recuperado del impacto de la pandemia más rápido que el resto de la economía. En la mayoría de los mercados, la fuerte demanda ha elevado el volumen de las transacciones por encima de los niveles prepandemia. Uno de los factores que ha ayudado a aumentar estas operaciones es que se han modificado las necesidades de espacios en la vivienda tras el confinamiento, por la mayor implantación del teletrabajo, o tener más espacio al aire libre en el hogar.

De hecho, una buena parte de la demanda de vivienda se ha trasladado fuera de los grandes centros económicos a ciudades de segundo nivel, especialmente en Francia y el Reino Unido, donde los precios son generalmente más bajos.

Por otro lado, los préstamos para la compra de viviendas son más dinámicos que en 2019. La capacidad de ahorro de las familias les ha permitido realizar depósitos más grandes, por lo que la deuda de los hogares ha tenido un aumento relativamente modesto hasta ahora. Esta vez, el aumento de los precios de la vivienda no está impulsado principalmente por el crédito. Los tipos de interés han caído a un nuevo mínimo histórico de 1,32% en los préstamos para vivienda nueva en la eurozona.

“No esperamos que el Banco Central Europeo o el Banco Nacional Suizo aumenten los tipos antes de 2024, pero es probable que el Banco de Inglaterra sí que comience a normalizar su postura de política monetaria muchos antes”, destacan desde S&P», lo que provocará una desaceleración en el mercado inmobiliario británico, que ya está en marcha tras la eliminación de la exenciones fiscales en el impuesto del trimbre, similar al ITP español.

Además, la actividad de la construcción está cerca de su capacidad máxima a nivel europeo. Este aumento de la actividad tras la paralización de la construcción en el inicio de la pandemia está suponiendo a la vez una escasez de mano de obra cualificada y una limitación de suministros para el sector, lo provoca un mayor coste para la edificación que está llegando al precio final de la vivienda.

Desde S&P advierten que dos de estos tres principales impulsores de la demanda residencial se desvanecerán en los próximos meses: el mayor ahorro y la política monetaria flexible. “Esperamos que el mayor repunte de los precios de la vivienda alcance su punto máximo a mediados de 2021 en la mayoría de los países europeos. Dado que la oferta de vivienda nueva no es capaz de seguir el ritmo de la demanda elevada, esperamos que el aumento de los precios de la vivienda continuará durante los próximos cuatro años”, afirman desde la agencia de calificación, aunque de manera más moderada.

De hecho, a medida que se absorba el ahorro y los bancos centrales empiecen a endurecer su política monetaria, los precios de la vivienda se moderarán en distintos niveles, según los factores de cada país, según el informe. Por ejemplo:

• El crecimiento del precio de la vivienda en España se ralentizó el año pasado llegando al ritmo más bajo desde 2013. Las regiones con mayores tasas de crecimiento antes de la pandemia, como Madrid y Barcelona, y las zonas turísticas, han visto incluso descensos en 2020. El segundo trimestre de este año ha sido un punto de inflexión, con tasas de crecimiento positivas, gracias a unas condiciones económicas y laborales mejores de lo esperado, así como de las perspectivas de un fuerte repunte en el sector turístico el próximo año.
• En Italia, el mercado finalmente ha salido de la contracción después de años de precios a la baja, mientras que la dinámica de la demanda se desvanece. La próxima reforma fiscal puede generar cierta incertidumbre a corto plazo, lo que podría retrasar algunas decisiones de inversión en vivienda.
• El turismo y la compra por parte de extranjeros también seguirá impulsando el crecimiento de los precios en Portugal, empeorando cada vez más la asequibilidad en las regiones más afectadas.
• En Francia, las transacciones en París aún no se han recuperado a niveles prepandémicos, siendo el mayor impuesto del mercado fuera de la capital. Los aumentos de los precios han sido más fuertes en los suburbios circundantes o en ciudades de segundo nivel como Lille o Lyon.

Fuente: Idealista

El Consejo de Ministros acaba de aprobar el Real Decreto-Ley que modifica la forma de calcular el impuesto de plusvalía municipal para adaptarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ilegal este tributo el pasado 26 de octubre. La normativa adapta el impuesto a los vaivenes del mercado inmobiliario, de tal manera que busca que se pague plusvalía sólo en caso de que se venda o traspase una vivienda cuando ha habido una ganancia. Quien venda una casa en pérdidas estará exento del pago a partir de este miércoles (10 de noviembre), tras su publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).. No tiene carácter retroactivo.   

“Desde el mismo momento en que tuvimos conocimiento de la sentencia Constitucional, el Gobierno dijo que daría una respuesta rápida y ha llegado a la mesa del Consejo de Ministros en el día de hoy. Es muy buena noticia para los ayuntamientos de España y para la ciudadanía”, comenta Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno.

El real decreto ley establece dos alternativas de cálculo del impuesto:

• La fórmula objetiva: en este caso se multiplicará el valor catastral del inmueble con unos nuevos coeficientes. Cada año se aprobará unos coeficientes nuevos que irán contemplados, por ejemplo, en la ley de Presupuestos Generales del Estado y evolucionarán en función del mercado inmobiliario. Se trata de un método optativo, ya que el contribuyente tiene la posibilidad de tributar en función de la plusvalía real obtenida en el momento de la transmisión del inmueble. 
• La fórmula real: será un cálculo de la diferencia entre el precio de venta o traspaso y el precio de compra o adquisición del inmueble. Si el contribuyente demuestra que la plusvalía real es inferior a la resultante del método de estimación objetiva, podrá aplicar la real.

El contribuyente podrá elegir entre estos dos modelos, aquel que sea más conveniente para él. Rodríguez insiste en que no se pagará el impuesto si no se obtiene una ganancia. Recordamos que este impuesto grava el valor catastral del suelo del inmueble, no del vuelo. Otra novedad es que serán gravadas las plusvalías generadas en menos de un año, calculadas entre la fecha de adquisición y la de enajenación.

Este Real Decreto-ley, que modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ha entrado en vigor hoy con su publicación en el BOE (martes 9 de noviembre) y los ayuntamientos tendrán seis meses para adaptarla a su marco legal. En 2019, los consistorios de España recaudaron 2.500 millones de euros a través de este impuesto. Y el Gobierno ha señalado que no tendrán necesidad de recortar sus servicios porque podrá seguir ofreciéndolos a los ciudadanos.

El Real Decreto-ley establece que la base imponible del impuesto será el resultado de multiplicar el valor catastral del suelo en el momento del devengo por los coeficientes que aprueben los Ayuntamientos, que en ningún caso podrán exceder de los que se indican a continuación en función del número de años transcurridos desde la adquisición del inmueble:

Además, se reconoce la posibilidad de que los Ayuntamientos, a los solos efectos de este impuesto, corrijan hasta un 15% a la baja los valores catastrales del suelo en función de su grado de actualización. Ello garantiza que el tributo se adapte a la realidad inmobiliaria de cada municipio.

Varias casuísticas de pago de la plusvalía municipal

Por ejemplo, el propietario de una vivienda comprada en 2007 por 300.000 euros y que vende en 2021 por 290.000 euros no tendrá que pagar el impuesto de plusvalía municipal porque que no hay una ganancia, todo lo contrario, hay una pérdida. 

Sin embargo, cuando haya ganancia, podrán aplicarse dos métodos distintos para calcular la base imponible. José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, aclara los posibles escenarios que se pueden dar. Pensemos, por ejemplo, en una vivienda adquirida en 2017 por 310.000 euros, y que se vende en 2021 por 350.000 euros. El valor catastral a fecha de devengo es de 100.000 euros, correspondiendo 60.000 euros al terreno. Es decir, el valor del terreno supone un 60% del valor catastral total.

Si acudimos a la fórmula de cálculo objetiva, la base imponible sería de 10.200 euros, resultado de multiplicar el valor catastral del terreno, por el coeficiente de la tabla (60.000 euros x 0,17).

Sin embargo, la base imponible obtenida de la plusvalía real sería el resultado de aplicar el porcentaje que supone el terreno sobre el valor catastral total (60%) a la ganancia obtenida (40.000 euros). Ello daría un resultado de 24.000 euros.

Por ello, en este ejemplo, el contribuyente podría tributar por la base imponible obtenida con el método objetivo (10.200 euros), en lugar de la obtenida atendiendo a la plusvalía real (24.000 euros). Y es que, aplicando el tipo impositivo del 30%, en el primer caso pagaría 3.060 euros (10.200 x 30%), y en el segundo 7.200 euros (24.000 x 30%).

Pero también puede suceder al contrario, y ser más beneficioso tributar por la plusvalía real, que por la objetiva.

Es el caso, por ejemplo, de una vivienda adquirida en 2014 por 250.000 euros y que se vende en 2021 por 260.000 euros. Ello, en caso de un terreno cuyo valor suponga el 20% del valor catastral total.

Pues bien, la plusvalía real obtenida sería en este caso de 10.000 euros. Y a ese importe le aplicaríamos la proporción que supone el terreno sobre el valor catastral total (20%). Por ello, la base imponible calculada conforme a la plusvalía real sería de tan solo 2.000 euros (10.000 x 20%).

Sin embargo, la plusvalía objetiva sería en este caso mayor. Así, al valor catastral del terreno (20.000 euros), le aplicaríamos el coeficiente del 0,12. Y ello daría un resultado de 2.400 euros.

Por tanto, el contribuyente en este caso podría optar por tributar conforme a la base imponible obtenida de la plusvalía real (2.000 euros). Y pagaría el 30% de la misma (600 euros), mientras que si hubiera tributado por la base imponible objetiva (2.400 euros), la cuota a pagar sería de 720 euros.

Los ayuntamientos tendrán seis meses para adaptarse

Los ayuntamientos llevan desde el día 26 de octubre que se dictó la sentencia sin recaudar por este tributo (cuya recaudación anual de 2019 ascendía a un total de 2.500 millones), de ahí la premura de Hacienda para tenerlo listo cuanto antes y además hacerlo mediante un real decreto-ley, lo que permite que pueda entrar en vigor de manera inmediata, una vez publicado en Boletín Oficial del Estado (BOE), sin perjuicio de que posteriormente se pueda tramitar en el Parlamento como proyecto de ley sujeto a cambios.

Pese a la premura de la entrada en vigor de este nuevo texto legislativo (el martes 9 de noviembre), el Gobierno dará a las entidades locales seis meses para adaptar su normativa al nuevo marco legal.

Cabe recordar, además, que el fallo del alto tribunal no permite que los contribuyentes puedan reclamar las autoliquidaciones ya firmes o que no estén recurridas a la fecha de la sentencia, por lo que este decreto no tiene efectos retroactivos.

Riesgo de inconstitucionalidad del Real Decreto ley, según Gestha

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han emitido un comunicado alertando del riesgo de inconstitucionalidad de que la nueva regulación de la base imponible de la Plusvalía municipal se haya articulado mediante un Real Decreto ley, prescindiendo de una ley ordinaria.

Según los técnicos de Hacienda, la nueva regulación en un Decreto ley podría vulnerar el principio de reserva de ley del artículo 133 de la Constitución, por lo que recomiendan que, una vez que sea convalidado, se tramite como proyecto de ley para eliminar cualquier riesgo. En su opinión, con la tramitación como proyecto de ley, se mejorará el contenido y redacción y se lograría una mayor estabilidad de la nueva regulación en el futuro, ya «habrá contribuyentes que recurrirán las liquidaciones de la Plusvalía con la nueva normativa pidiendo a los Tribunales de Justicia que planteen una nueva cuestión de inconstitucionalidad».

Los técnicos de Hacienda también urgen a los ayuntamientos a aprobar las Ordenanzas fiscales antes de los seis meses de plazo, ya que calculan que «cada mes de ‘impasse’ supone una pérdida de unos 170 millones en las arcas municipales, según la recaudación prevista para 2021 de 2.075 millones».

La no retroactividad que incorpora la sentencia podría ser tumbada por Europa, afirman desde la asociación

La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) está estudiando las vías de reclamación de las autoliquidaciones de la plusvalía municipal efectuadas en los últimos cuatro años, tras la reciente sentencia del TC que anula el impuesto, pero que impide el derecho a recuperar lo cobrado, a menos que se tenga un recurso abierto. La no retroactividad que incorpora la sentencia podría ser tumbada por Europa, afirman desde la asociación.

Asufin afirma que la normativa fiscal permite presentar una rectificación de la autoliquidación o de una declaración complementaria para subsanar errores en perjuicio de la Hacienda Pública. Desde la asociación ven un «castigo a los ciudadanos que confían en que la Administración está cobrando correctamente».

Además, reitera la «injusticia» que ha supuesto haber mantenido el impuesto de plusvalía estos últimos cuatro años hasta que el Constitucional ha tenido que intervenir y declarar la nulidad de un método de cálculo que «ha afectado a todo tipo de operaciones, también las minusvalías, tan habituales por la crisis del ladrillo de la década anterior».

Recuerda que el TC ya llevaba alertando al Ejecutivo de que debía cambiar la fórmula del cálculo de la plusvalía, y que ahora que los efectos de la sentencia son inmediatos, y en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no se podrá cobrar la plusvalía en ninguna operación de compraventa de inmuebles por parte de los ayuntamientos.

«Es inadmisible la no retroactividad que incorpora la sentencia, algo que podría ser tumbada por Europa, como ya sucedió con el fallo del Supremo relativo a la cláusula suelo», han destacado en un comunicado.

En los últimos meses ha ido creciendo en la sombra una crisis energética que tendrá consecuencias a gran escala. 

Según los expertos, estamos en un momento de “locura”, con unos precios desbocados de la electricidad y el gas justo en la antesala del invierno, la época del año con más demanda y que se concentra principalmente entre los meses de noviembre y marzo. Además de los sucesivos récords históricos que ha marcado el precio de la luz, el del gas se ha multiplicado por más de tres veces en lo que va de año.

El mercado da por hecho que la escalada de precios no dará una tregua al menos hasta primavera y avisa de que se avecinan unos meses muy complicados. En líneas generales, los expertos consultados por idealista/news destacan que el gasto de las familias en energía subirá con fuerza, lo que mermará su consumo y su capacidad de ahorro. Para el tejido empresarial, la crisis energética pondrá en jaque su competitividad internacional y en muchos casos incluso su supervivencia. Y todo ello afectará a la recuperación económica de España y supondrá un freno a la creación de nuevos puestos de trabajo.

Por qué estamos en esta situación

Pero antes de empezar a desgranar las consecuencias de la crisis energética que se está gestando, conviene recordar cómo hemos llegado hasta este punto.

Según explica la Asociación Española del Gas (Sedigas), “los factores que han provocado la situación actual son varios y todos ellos están interrelacionados y se derivan de las dinámicas de la oferta y la demanda en los mercados globales de la energía”. La asociación afirma que el problema es global y está impulsado “el resultado de la combinación de un fuerte crecimiento de la actividad económica, que demanda más energía para sostener la recuperación tras el fin de las restricciones provocadas por la pandemia, y una oferta disponible menor de la esperada. A todo esto, hay que sumar factores climatológicos de gran relevancia que se han sucedido durante todo este año en diferentes partes del mundo, como un frío y largo invierno en Europa (con temporales como el de Filomena en España), una ola polar que afectó al este de Asia y América del Norte en el primer trimestre de 2021, y sequías en varias regiones del planeta muy dependientes de la generación hidroeléctrica, como Brasil, que han exigido una mayor aportación del gas”.

Verónica Rivière, presidenta de GasINDUSTRIAL, asociación que representa a los consumidores industriales del gas en España, habla de una “locura energética”, y alerta de que los factores estructurales y cíclicos que están provocando esa tensión en los precios «seguirán calentando los mercados gasistas mundiales y auguran un invierno complicado”.

Nos encontramos en un escenario que tiene “importantes implicaciones y es un riesgo importante para la recuperación, teniendo además en cuenta que coincide con más encarecimientos de costes, como son los aumentos de precios de materias primas y de fletes marítimos, y con una escasez de suministros industriales”, según explica María Jesús Fernández, economista senior de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). La economista insiste en que “ya se habla de shock energético, como en las crisis del petróleo de los años 70” y que, pese a que se espera que “el precio del gas baje a partir de la primavera, no se prevé que retorne a los niveles anteriores a este ascenso. Es decir, que una parte de este encarecimiento es permanente”.

Los problemas que provocará en los hogares

La escalada de los precios que se está produciendo en el mercado mayorista tendrá un impacto directo en la economía de las familias.

La propia Fernández recalca que el escenario actual “reduce la capacidad adquisitiva de los consumidores, que ahora pagan más en sus facturas, por lo que reducirán su consumo de otros bienes y servicios”.

En esa misma línea, Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, alerta de que las principales consecuencias serán una “subida de la inflación, la pérdida capacidad adquisitiva de las familias y el deterioro del consumo y la demanda, factores vitales en nuestro crecimiento”.

Ese es el argumento que también maneja Antonio Espiñeira, director general de Energía de Lantania, quien sostiene que “el precio de la energía se acaba trasladando a todos los ámbitos de la economía y, por tanto, el consumo se puede ver seriamente afectado al reducirse la renta disponible de los hogares y al aumentarse el coste de los bienes. Este descenso de consumo se puede ver especialmente agravado si uno de los especialmente afectados es el coste de los alimentos que influye doblemente en la reducción de renta disponible para el consumo de otros bienes”.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que actualmente se están produciendo “demasiados máximos en las facturas”, y alerta de que “la luz por las nubes, la subida del gas y de los carburantes suponen una combinación temible para los bolsillos de los consumidores españoles, ya castigados por la crisis”. Sus cálculos apuntan a que, de media, los hogares deberán de hacer frente a un sobrecoste anual de más de 800€

Jaque a las empresas

Además de los hogares, la crisis energética también tendrá consecuencias en el mundo empresarial. En este sentido, la economista senior de Funcas afirma que “reduce los márgenes empresariales, lo que podría frenar el crecimiento de la actividad y, en consecuencia, la recuperación del empleo será menor” y recuerda que “algunas empresas ya han anunciado paradas en su actividad productiva”.

También añade que la situación actual “abre la posibilidad de un escenario de traslado de la mayor inflación hacia las negociaciones salariales, lo que empeoraría aún más las condiciones de oferta y generaría una expectativa de aumento a largo plazo de las tasas de inflación por la generación de espirales precios-salarios, lo que se traduciría en mayores tipos de interés”.

No podemos olvidar que actualmente la industria consume actualmente cerca del 60% del gas en España (el sector residencial supone un 13,6%) y es su principal fuente de energía y materia prima. Según explican desde GASIndustrial, sectores como el químico, el cerámico, la alimentación, la siderurgia y el papel, que son grandes consumidores de gas, verán disparados sus costes. “En condiciones normales, la factura del gas para la industria representa más de 4.500 millones de euros, pero en lo que va de año se ha multiplicado por cuatro. Hagan la cuenta”, recalca la asociación. E insiste en que la industria atraviesa una “situación límite”, con un aumento continuo de los casos de paradas y ceses de producción por el incremento de los precios del gas. “Nuestras industrias están sufriendo una auténtica pandemia energética que amenaza realmente su supervivencia, una situación que clama con urgencia que se apliquen medidas excepcionales que palien esta inédita escalada”, agrega.

El director general de Energía de Lantania, por su parte, también insiste en que habrá un fuerte encarecimiento de las materias primas y de los costes logísticos, y alerta de que “todos estos factores se combinan en una tendencia inflacionista muy preocupante en un contexto económico de recuperación poscovid no consolidado y que podría llevarnos a una nueva tensión económica que muchas empresas, especialmente en Europa, tendrían muchas dificultades de superar tras el debilitamiento sufrido con la pandemia sanitaria”, señala.

Lastre para las cuentas públicas y freno al PIB

Además del impacto que tendrá todo lo anterior en la economía y la generación de empleo, la economista de Funcas afirma que la crisis energética “empeora el déficit de las cuentas públicas, ya que, aunque aumenten los ingresos por impuestos sobre productos energéticos, esto es más que contrarrestado por otros efectos opuestos: medidas sociales para paliar el impacto sobre hogares de menor renta, aumento de las pensiones y sueldos públicos si se vinculan al IPC (que en octubre ha escalado en tasa anual hasta el 5,5%, el máximo en 29 años, según el dato adelantado del INE) y la reducción de la recaudación por IVA con respecto a la que habría tenido lugar sin este fenómeno, por la compensación que hacen los consumidores de la mayor factura energética con el menor gasto de otros bienes y servicios”.

Al final, resume Fernández, “el encarecimiento del gas, que es una materia prima que tenemos que importar (cerca del 95% del gas que consumimos procede del exterior), supone un empobrecimiento del país. Así es como hay que entenderlo: el país que importa esta materia prima es ahora más pobre de lo que era antes. Y por tanto se refleja en un menor nivel de vida de sus ciudadanos”.

La crisis energética, de hecho, ya se está dejando notar en las previsiones macro de los expertos. Según el presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, todos estos factores pueden deprimir el crecimiento entre un 0,4% y 1%. Funcas, por su parte, ha revisado a la baja sus previsiones del PIB y ha aplicado un recorte del 1,2% en su pronóstico de 2021 solo por el encarecimiento de la energía, mientras que BBVA Research afirma que, sin la subida de los precios de la energía, la economía podría haber crecido hasta 1,4 puntos más este año.

Actualmente, el consenso calcula que el PIB avanzará este año a un ritmo de entre el 5,1% y el 5,7%, por debajo de las estimaciones iniciales y del 6,5% que actualmente mantiene el Gobierno. Otros organismos como el Banco de España también han anunciado que revisarán a la baja su previsión de crecimiento.

Los expertos insisten en que España podría ser uno de los países más afectados por la crisis energética a corto plazo, ya que podría producirse una crisis inflacionista y de consumo que afectaría de manera significativa al turismo europeo, que supone uno de los grandes motores de nuestra economía.

Los cortes de suministro: poco probables

Son varios los factores que apuntan a que el suministro de gas está garantizado en España, a pesar de que desde el 31 de octubre Argelia ha cortado el envío a través del gasoducto Magreb-Europa (GME), que pasa por Marruecos.

En primera instancia, el país se ha comprometido a mantener el suministro a través del gasoducto Medgaz, que une el país norteafricano con España, y complementarlo con cargamentos de gas natural licuado (GNL) que se transportará en barcos. El calendario de entregas, eso sí, todavía está pendiente por definir y esta solución supondrá un sobrecoste, debido al encarecimiento logístico de las flotas.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que España tiene más de una docena de países suministradores de gas y, por tanto, está muy diversificado. Además de Argelia (que aglutina cerca del 46% de las importaciones), también compramos gas a Nigeria (12,1%), EEUU (10,6%), Rusia (10,5%), Qatar (5,3%) o Francia (4,2%).

Además, contamos con seis plantas de regasificación en puntos como Bilbao, Barcelona, Sagunto, Cartagena o Huelva. Como explican desde la asociación Sedigas, “en España contamos con una amplia y robusta infraestructura gasista (casi un tercio de las terminales de regasificación de gas natural licuado de toda Europa están aquí) y una elevada diversificación en el origen de nuestras importaciones, por lo que no estamos expuestos a la dependencia de un único suministrador”.

Junto a estas razones se suman que se han incrementado las subastas para descargar buques (los llamados ‘slots’) y que se están ejecutando todas las medidas operativas necesarias para poner a disposición la máxima capacidad de las infraestructuras y que es posible aumentar el grado de utilización de las mismas (en los últimos años ha estado por debajo del 80% de la capacidad en los dos gasoductos de Argelia).

Con todo ello, las probabilidades de que se produzca un corte de suministro son limitadas. En este sentido, Rodrigo Yagüe, profesor de OBS Business School, afirma que el riesgo de que este invierno se produzca un desabastecimiento de gas natural para las familias en España es «realmente bajo», aunque alerta de una «escalada enorme de su precio durante los próximos meses».

Sin embargo, el hecho de que Medgaz se haya quedado como gasoducto de referencia de Argelia aumenta el riesgo de que se puedan producir problemas técnicos, y algunos expertos sí contemplan cortes de suministro puntuales en la industria.

Por ejemplo, Daniel Lacalle, doctor en economía y economista jefe de la firma de inversión Tressis, ve muy probable que haya cortes en las llamadas industrias ‘interrumpibles’, cuyos contratos con las empresas comercializadoras incluyen cláusulas que permiten modificar el suministro, ya sea por una necesidad de la parte oferente como de la demandante.

Una mala planificación sin solución a corto plazo

Diferentes expertos afirman que la situación actual, al margen de las tensiones de la oferta y la demanda y del factor climatológico, viene derivada de una mala planificación en la transición energética por parte de los líderes mundiales. 

Como argumenta el director general de Energía de Lantania, “la crisis energética está vinculada con el retraso de la implantación de renovables y su papel dentro del espectro de fuentes fiables de energía. Esta crisis se agrava con medidas demasiado precipitadas (como aparcar los ciclos de gas, la generación con carbón y la discontinuidad de las nucleares) para el estado de madurez y despliegue de las fuentes alternativas que tienen que suponer la base de generación de energía a medio plazo. En definitiva, una mala planificación energética”.

En esa misma línea, el economista Daniel Lacalle subraya que el escenario que estamos viviendo es una “consecuencia directa de una transición energética ideológica que no tiene criterios técnicos ni tiene en cuenta la realidad de la industria. La transición energética hacia las energías limpias se debe regir por cuestiones de ompetencia, no por un calendario, porque al final lo que se está generando es una mayor dependencia de las energías fósiles a corto plazo. No podemos decir a las empresas energéticas que inviertan miles de millones para perder dinero y sin garantizarse contratos a largo plazo. La apuesta por la energía renovable debe conllevar la involucración de la industria, no ir en contra de la industria». 

La economista senior de Funcas también advierte de que la subida del precio del gas no tiene solución a corto plazo, “porque viene determinado en los mercados internacionales por las condiciones globales de oferta y demanda. El precio más elevado incentivará las inversiones en aumentos de la capacidad de producción de gas, pero eso tardará mucho tiempo en materializarse y reflejarse en los precios internacionales. Medidas del tipo de subvencionar los precios energéticos por parte del Estado no solucionan, sino que esconden el problema, y conducen al final a mayores problemas. Eso es lo que se hizo en la crisis del petróleo a finales de los 70, y al final el ajuste posterior tuvo que ser peor”.

El presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas también cree que es difícil tomar medidas a escala nacional, porque “este mercado es mundial y sus parámetros se escapan de soluciones internas”. De hecho, Pedraza asevera que “las medidas puestas en marcha por nuestro Gobierno, como la bajada del IVA o la intervención temporal en las eléctricas, están teniendo escasa incidencia en el coste interno de la energía. Las posibles soluciones pueden estar en el medio y largo plazo, lo que no solventan los problemas creados en la actualidad pura y dura”.

Fuente: Idealista. Artículo de Ana P. Alarcos

El Constitucional publica la sentencia firme y mantiene que solo podrán pedir la devolución de lo pagado aquellos contribuyentes que hayan reclamado antes del 26 de octubre

La publicación de la sentencia del TC donde tumba el impuesto de la plusvalía municipal, ha hecho que muchos contribuyentes se pregunten cómo deben actuar si han vendido una vivienda o la piensan vender a muy corto plazo. En algunos casos conviene reclamar antes de que se publique la sentencia en el BOE.

La sentencia oficial del Constitucional, que se ha conocido el miércoles 3 de noviembre, establece que «no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas (i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha.»

José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, aclara que aquellos contribuyentes con liquidaciones firmes no podrán acogerse a la declaración de inconstitucionalidad. Y tampoco podrán aquellos con liquidaciones en plazo de recurso o con autoliquidaciones cuando no se haya interpuesto el recurso, o solicitada la rectificación. Ello, a pesar de que, en este último caso, y «de acuerdo con el artículo 120.3 de la Ley General Tributaria, todavía estaban en plazo de poder ser rectificadas».

El socio de Ático Jurídico recuerda que sólo podrá alegarse la inconstitucionalidad declarada en sentencia de 26 de octubre de 2021 si el recurso o solicitud de rectificación se planteó antes de dicha fecha, es decir, antes del 26 de octubre. Salcedo asegura que esto podría suponer una «vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de estos contribuyentes, que han recurrido en el plazo que les confiere la ley, y que ven recortados sus argumentos de defensa por haber planteado recurso o solicitud de rectificación después del 26 de octubre».

Es más, Salcedo cuestiona que la fecha que se tenga en cuenta para limitar los efectos de la declaración de inconstitucionalidad sea la del dictado de la sentencia y no la de su publicación en el BOE (aún pendiente), ya que el propio artículo 38.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que “las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa juzgada, vincularán a todos los Poderes Públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

¿Es aconsejable reclamar antes de que se publique la sentencia en el BOE?

Es importante ver todas las casuísticas. Lo primero que hay que discernir es si el contribuyente presentó en su día una autoliquidación o recibió una liquidación por parte del Ayuntamiento.

Liquidación del impuesto de plusvalía municipal

1. Contribuyentes a los que se les ha pasado el plazo para recurrir

En estos casos, se considera que la liquidación recibida es firme al no haber sido recurrida, por lo que es imposible reclamar la plusvalía municipal, salvo mediante un procedimiento especial de revisión.

2. Contribuyentes que recurrieron una liquidación, pero que ya han finalizado su recurso

En este caso, tampoco pueden reclamar la plusvalía municipal porque finalizó el procedimiento, o porque el contribuyente no quiso seguir recurriendo. En ambos casos, se considera que las liquidaciones adquirieron firmeza, aunque es posible reclamar el impuesto mediante un procedimiento especial de revisión.

3. Contribuyentes que recibieron una liquidación y están en plazo de recurso

Salcedo cree conveniente que el contribuyente recurra antes de que se publique la sentencia en el BOE “para mantener abierta la posibilidad de invocar la inconstitucionalidad del impuesto en su recurso, fundamentada en que éste se interpuso antes de que la sentencia tuviera efectos erga omnes”.

Autoliquidación del impuesto de plusvalía municipal

1. Contribuyentes que recibieron una autoliquidación, y están en plazo de solicitar su rectificación

Los contribuyentes que aún están en plazo para solicitar la rectificación también pueden recurrir. Interesa su presentación antes de la publicación en el BOE de la sentencia para poder discutir la posibilidad de invocar la inconstitucionalidad declarada, al haber iniciado el procedimiento antes de que la sentencia gozara de efectos.

2. Contribuyentes que solicitaron hace tiempo la rectificación de su autoliquidación, y fue desestimada

Salcedo considera que estos contribuyentes también podrían solicitar de nuevo la rectificación. Ello, siempre que la nueva solicitud, la que se plantee ahora, se base en motivos distintos a los que se invocaron en la rectificación que en su día se presentó.

Por ejemplo, si se planteó una rectificación por considerar que se transmitió en pérdidas, el socio de Ático Jurídico considera que podría plantearse una nueva, basada en la inconstitucionalidad del sistema objetivo de cálculo del impuesto. La clave es que la nueva solicitud de rectificación se base en motivos diferentes a los alegados en la primera solicitud de rectificación. Es recomendable que la solicitud se presente antes de la publicación en el BOE de la sentencia para poder defender que la rectificación se planteó antes de que la sentencia del Constitucional tuviera efectos ‘erga omnes’.

En definitiva, José María Salcedo sostiene que “estamos ante una actuación procesal (la de recurrir antes de la publicación en el BOE), que permite mantener la esperanza de que finalmente se pueda recuperar el impuesto pagado. Y que, por contra, no crea perjuicio al contribuyente, más allá de la desestimación de la rectificación o del recurso presentado. Ello, al menos, en vía administrativa, y económico-administrativa (cuando exista), al no estar prevista la imposición de costas”.

Fuente: Idealista

Las hipotecas cuya revisión sea semestral se encarecen, mientras que las anuales se beneficiarán de una rebaja testimonial

El euríbor a 12 meses sube por segundo mes consecutivo. La media mensual del indicador de referencia para la mayoría de las hipotecas se ha situado en octubre en el -0,477%, frente al -0,492% que registró en septiembre. Se trata del nivel más alto del último año, según los datos del Banco de España.

De hecho, habría que remontarse al décimo mes de 2020 para ver un cierre superior (-0,466%).

La buena noticia es que los hipotecados que tengan próximamente la revisión anual de las condiciones de su préstamo de momento seguirán beneficiándose de una rebaja, aunque el ahorro será testimonial. Para una hipoteca de tipo medio (unos 120.000 euros de importe, a un plazo de 20 años y con un tipo de interés de euríbor+1%), supondría un abaratamiento de apenas 8 euros al año. En el caso de que sea una revisión semestral, sí que se producirá un encarecimiento de las cuotas. 

Los expertos llevan meses alertando de que el indicador hipotecario vivirá subidas y bajadas constantes, y que no llegará a tener una tendencia definida hasta que no haya un cambio palpable en la política monetaria que dicta el Banco Central Europeo (BCE).

De momento, el guardián del euro mantiene los tipos de interés oficiales en el 0,0%, nivel en el que llevan desde primavera de 2016, aunque la subida que está experimentando la inflación por el encarecimiento de la energía podría provocar algún movimiento en los próximos meses.

La inflación de la eurozona se ha situado en agosto en el 4,1%, máximos de 2008, aunque la subyacente (que deja fuera la energía y los alimentos, al ser más volátiles) ya están en el 2%, en línea con el nuevo objetivo que se ha marcado el BCE.

Pero el mercado da por hecho que los precios seguirán al alza en los próximos meses y en el caso de que haya una subida mayor de lo esperada, cabe la posibilidad de que el banco central suba los tipos de interés para frenar la escalada de los precios, lo que provocaría un repunte del euríbor y el consecuente encarecimiento de las hipotecas variables.

Aun así, los expertos creen que el indicador hipotecario. que lleva por debajo del 0% desde febrero de 2016, se mantendrá en terreno negativo al menos dos años más, y que la tendencia al alza debería ser paulatina, siempre que no haya presiones inflacionistas inesperadas. Habrá que esperar para saber si la rebaja de las hipotecas ha tocado fin o es un mero parón puntual.

Fuente: Idealista

El dato de octubre es la segundo decremento más alto en lo que va de 2021

El mes de octubre se ha cerrado con una caída interanual del precio del alquiler en España del 7,1% hasta establecerse en 10,5 euros/m², según el último informe de precios publicado por idealista, el principal marketplace inmobiliario del sur de Europa. En el último mes la caída ha sido del 0,4%, pero en los principales mercados se comienza a observar subidas intermensuales (1,1% en Barcelona y 0,3% en Madrid).

Capitales

Durante el último año, solo 12 capitales han experimentado caídas en el precio de la vivienda en alquiler. Los decrementos más pronunciados son los de Ourense, donde las rentas han caído un 8,7%, seguida de Madrid (-6%), Barcelona (-4,5%), León (-2,5) y Málaga (-2,4%).

En el lado contrario, Zamora es la capital en la que más ha crecido el precio del alquiler durante el último año (7,9%), seguida de Albacete (7,8%), Pontevedra (7,7%), Huesca (7%) y Lugo (6,4%).

A las caídas ya mencionadas de Madrid, Barcelona o Málaga se une también Granada (-1,4%) o Palma (-1,2%), pero otras capitales destacadas cuentan con rentas superiores a las registradas en octubre del año pasado: Vitoria (5,1%), Pamplona (3,8%), Murcia (3,7%), San Sebastián (2,8%), Cádiz (2,6%), Valencia (1,2%), Las Palmas de Gran Canaria (0,8%) o Bilbao (0,7%). En Sevilla, los alquileres no han registrado variaciones en el último año.

El índice de precios inmobiliarios de idealista

Para la realización del índice de precios inmobiliarios de idealista se analizan los precios de oferta (sobre metros cuadrados construidos) publicados por los anunciantes de idealista. Se eliminan de la estadística los anuncios atípicos y con precios fuera de mercado. Incluimos la tipología de vivienda unifamiliares (chalets) y descartamos los inmuebles de cualquier tipología que llevan mucho tiempo en nuestra base de datos sin obtener interacción de los usuarios. El dato final se genera utilizando la mediana de todos los anuncios válidos de cada mercado.

Fuente: Idealista