Este gravamen supone en la actualidad una fuente importante de financiación de los consistorios de todo el país.

El Tribunal Constitucional ha anulado este martes el impuesto de plusvalía municipal cobrado por los ayuntamientos. Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, el tribunal de garantías, en una sentencia ponencia del magistrado Ricardo Enríquez, considera que el cálculo del impuesto es inconstitucional al entender que el sistema de cómputo objetivo no se corresponde con la realidad, afectando al principio de capacidad económica recogido en el artículo 31 de la Constitución española.

Este gravamen supone en la actualidad una fuente importante de financiación de los consistorios de todo el país.

La decisión ha sido adoptada por nueve magistrados al haberse abstenidode formar parte de la deliberación del Pleno Juan Antonio Xiol y encontrarse de baja médica el magistrado Alfredo Montoya. Además, el fallo de la mayoría contará con los votos particulares de los magistrados del sector progresista María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido y el voto concurrente del presidente Juan José González Rivas.

El Alto Tribunal responde así a una cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre los artículos 107.1, 107.2 a) y 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprobó el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La sentencia considera que estos artículos son inconstitucionales y nulos porque establece un método objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento.

SIN EFECTO RETROACTIVO

Fuentes jurídicas consultadas explican que con este fallo, donde de facto se anula «al completo» el gravamen al declarar inconstitucional su cálculo, será imposible que los ayuntamientos puedan cobrar la plusvalía municipal en adelante, salvo que el legislador prevea una nueva fómula que se adecue a la doctrina constitucional. La sentencia, de hecho, sugiere este extremo, según indican las fuentes consultadas.

Por su parte, la sentencia, cuyo contenido íntegro se dará a conocer en los próximos días, declara la intangibilidad de las situaciones firmes existentes antes de la fecha de la aprobación de la misma. Es decir, la resolución no tendrá efectos retroactivos en su aplicación.

Esto se tradujo en que el TC obligó a que el impuesto no gravase en ningún caso actos o hechos que no fuesen exponentes de una riqueza real o potencial.

Por su parte, fuentes jurídicas explican que, en su reunión de este martes, el Pleno ha estado centrado en debatir esta sentencia y será mañana cuando se aborde el debate sobre la constitucionalidad del segundo estado de alarma decretado en pandemia.

Raquel Sánchez defiende que identificar a los jóvenes inquilinos con «morosos, ocupas y vándalos» no se corresponde con la realidad

El Gobierno prevé que los jóvenes que cumplan los requisitos para acceder al bono de 250 euros mensuales por vivir de alquiler puedan recibir esta ayuda a partir del 1 de enero de 2022.

Así lo ha anunciado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que ha explicado que, al estar esta partida incluida en los Presupuestos de 2022 (200 millones de euros), lo esperable es que se aplique una vez comience el año.

Sánchez también ha aclarado que el bono se aplicará a cada joven y no a cada vivienda, es decir, que cada uno de los inquilinos podrá solicitar esta ayuda siempre y cuando tenga entre 18 y 35 años y tenga un contrato de trabajo que no le genere más de 23.725 euros anuales.

La ministra también ha respondido a unas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que aseguraba que a los ciudadanos «no se les da confianza» para poner sus viviendas en alquiler.

«Si yo tengo una vivienda vacía, no se me ocurre ponerla en alquiler, porque cuando no se me ocupa, tengo a un moroso que no paga y nadie me ayuda o, cuando no, me destroza la casa», aseguró Díaz Ayuso.

Sánchez ha tildado de desafortunadas estas declaraciones y ha aludido a la «estrategia de confrontación» del PP. «Los jóvenes realizan muchos esfuerzos para poder irse de alquiler e identificar a estas personas con morosos, ocupas o vándalos no se corresponde con la realidad», ha añadido.

Además, la ministra ha señalado que la Ley de Vivienda, que llevará al Consejo de Ministros el próximo 26 de octubre, tendrá que pasar por una tramitación parlamentaria en la que espera que se abra la negociación con el resto de partidos políticos y sea «una ley de todos».

En materia de vivienda, Sánchez ha asegurado que los Presupuestos del próximo año cuentan con la mayor partida de la historia: 3.290 millones de euros, un 50% más que la de este año y siete veces superior a la de los anteriores gobiernos.

El bono joven necesita un desarrollo reglamentario y tendrá límites

El objetivo es que este bono impulse la emancipación y el acceso a la vivienda por parte de los menores de 36 años que puedan acreditar rentas del trabajo inferiores a 23.725 euros, lo que equivale a tres veces y medio el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Según estimaciones del Ministerio de Transportes (Mitma), beneficiará aproximadamente a entre 40.000 y 50.000 jóvenes. En los PGE de 2022, aparece una dotación de 234 millones de euros dirigida a los jóvenes, dentro del propio Mitma.

Sin embargo, la puesta en marcha de esta ayuda no será inmediata, sino que exige un desarrollo normativo.

Según ha explicado María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, “lo que nosotros contemplamos en el proyecto de Presupuestos es la partida que permite satisfacer las condiciones del bono joven para el alquiler, pero ha advertido de que esta ayuda exige un «desarrollo reglamentario que habrá que hacer una vez se aprueben los Presupuestos. Ese desarrollo normativo va a ser posterior».

El PSOE recupera la Renta Básica de Emancipación (RBE)

Con la posible aprobación de este «bono joven» el PSOE recuperaría la famosa Renta Básica de Emancipación, una medida que puso en marcha el Gobierno de Zapatero en 2008.

Consistía en una ayuda al alquiler de 210 euros al mes. Cuatro años después, en 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy puso fecha de caducidad a una medida que costaba cada año más de 300 millones de euros.

Posteriormente, en 2013, durante el Gobierno del PP, el PSOE propuso restablecer la ayuda al alquiler para los jóvenes. La medida fue incluida dentro de las más de 600 enmiendas parciales que la formación registró al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013.

En 2017, la por aquel entonces secretaria de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda del PSOE y exministra de Vivienda, Beatriz Corredor, planteó recuperar la Renta Básica de Emancipación y modificar la ley de arrendamientos urbanos (LAU) para atender a la dificultad de los jóvenes de acceder a la vivienda y el incremento de los precios del alquiler en las grandes ciudades.

Qué opinan los expertos sobre las ayudas al alquiler para jóvenes

Miguel Córdoba, profesor de economía financiera en la Universidad CEU San Pablo, cree que «no tiene sentido recuperar una medida que caducó en 2012 y acabaría por ser inflacionaria y ni siquiera social». 

Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona (UB), cree que la RBE «fue una tontería cuando se estableció y sigue siendo una tontería si se recupera próximamente».

Para Bernardos «el problema del alquiler no está en el lado de la demanda, sino en la oferta«, ya que hay «una gran escasez de inmuebles que atienda a la fuerte demanda, y un subsidio repercutiría en gran medida sobre el precio». 

Hay 1,39 millones de empresas con empleados, en comparación con 1,48 millones en febrero de 2020, y la competencia sigue en aumento.

La crisis del coronavirus ha provocado el cierre de miles de empresas en España. Según los datos de la seguridad social compilados por Randstad Consulting, solo entre febrero de 2020 y abril de 2021, 90.000 empresas con empleados desaparecieron. Si se compara con hace dos años, este número ha alcanzado los seis dígitos.

En concreto, a cierre del cuarto mes de este año había 1,39 millones de empleados en las empresas españolas, unos 89.000 menos que en febrero de 2020 (1,48 millones), justo antes de que estallara la pandemia sanitaria. Las mayores pérdidas se produjeron en las microempresas, es decir, empresas con hasta 5 trabajadores, y aproximadamente 73.000 empresas cerraron.

Como resultado, el número de empresas con empleados en España ha caído un 6% en solo 14 meses, aunque ha caído un 7,3% desde abril de 2019, y desde entonces se han cerrado 115.014 empresas.

Estos descensos se produjeron después de que los últimos datos relacionados con el mercado laboral trajeran buenas noticias. En los últimos 12 meses se han creado 44.000 empresas y la tasa de paro bajó históricamente en mayo, comparado con abril el número de parados se redujo en 130.000. Este es el mejor dato para el quinto mes desde el inicio de la serie histórica de los 90.

Con estos datos, la consultora Randstad recordó, «Después de más de un año de crisis, comenzamos a ver signos de recuperación, pero el número de empresas aún está lejos de la situación antes de la crisis».

Además de la desaparición de la empresa, los procedimientos concursales también han crecido con fuerza en lo que va de año. Según datos de Iberinform, filial de Crédito y Caución, un total de 2.636 empresas quebraron de enero a mayo, y el acumulado a abril fue de 2.086, un 94% superior al número de quiebras de los primeros cinco meses de 2020.

Si eliminamos el «efecto covid», por el estancamiento económico de los primeros meses de la pandemia, miramos los datos de 2019 y también nos encontraremos con que la tendencia es alcista: solo el 58% de los registros están hablando ejercicio.

Datos preocupantes también provienen de la aseguradora de crédito Coface: su último barómetro muestra que debido al covid-19, el 34% de las empresas españolas ya no son solventes, pero continúan operando debido a la extensión de las medidas de apoyo estatales.